En esa oportunidad se identificaron las debilidades de los sistemas institucionales vinculados a la agricultura y al bienestar rural que constituyen restricciones fundamentales para lograr un desarrollo agropecuario sostenible.
Los cambios en el entorno mundial y la globalización de las economías están dando lugar a una acelerada transformación de la institucionalidad internacional, que se refleja en nuevos relacionamientos de los actores económicos y en una readecuación de las reglas del juego a nivel internacional, regional y nacional.
Al mismo tiempo, instituciones intergubernamentales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial de Comercio (OMC), y los tratados de integración subregional determinan, por negociación y consenso de sus miembros, el marco para una gran parte de las políticas públicas nacionales.
Las decisiones de ámbito nacional que deben ser adoptadas dentro de esta nueva institucionalidad internacional, ya no se limitan sólo a la fijación de aranceles de importación o al tratamiento de medidas comerciales, sino que abarcan desde la política monetaria y fiscal, hasta las políticas internas de apoyo a la producción y al desarrollo sectorial, los servicios, las normas para la inversión, las medidas laborales y las políticas ambientales, entre otras.
Hoy más que nunca la agricultura, en su concepción ampliada, se ha incorporado con plenos derechos y obligaciones al contexto de esa institucionalidad internacional.
Tanto el GATT de 1994, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y prácticamente todos los acuerdos comerciales y de integración posteriores, incluyen expresamente a la agricultura en dichos acuerdos y definen normas económicas, así como mecanismos institucionales que abarcan la totalidad de las políticas públicas relacionadas con el sector agropecuario.
Reconociendo la complejidad del tema de la institucionalidad público-privada de la agricultura, se adelantarán algunas reflexiones de orden general entendiendo que cada país tiene arreglos organizativos diferentes y estrategias propias para su transformación.
Por ejemplo, el desarrollo de ventajas competitivas requiere de una visión de conjunto y de la articulación de los distintos agentes públicos y privados, que permita presentar un frente común que beneficien a todos.
La segunda reflexión se refiere a la necesidad de incorporar los avances en el manejo de la información y de las comunicaciones y el aprovechamiento de las redes a la institucionalidad agrícola. No se conciben las grandes estructuras burocráticas ni los largos procesos en la toma de decisiones, sino que se torna esencial la descentralización para la ejecución de programas y proyectos del sector agropecuario.
La cuarta reflexión se refiere al papel que el Estado juega en ciertas funciones que, por el momento, parecen no ser delegables y que requieren de un nuevo tratamiento ante la evolución del entorno. Se trata de funciones que el Estado casi siempre ha asumido, como es el caso de las entidades que se ocupan de la protección fito y zoosanitaria, la conservación del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad y la gestión integral del patrimonio genético de los países y de la región.
La quinta reflexión tiene que ver con la inversión en el recurso humano. La institucionalidad agrícola, en una unión de esfuerzos públicos y privados, debe mejorar sustancialmente la educación y la formación de los agentes que participan en los procesos productivos en las zonas rurales. No se trata de una capacitación exclusivamente agrícola, sino de una capacitación que conduzca a entender mejor las relaciones urbano-rurales y que permita a los agricultores, a los técnicos, a los jóvenes, a las mujeres y a las familias rurales, tener acceso y utilizar los progresos de la informática y de la comunicación. Esto requiere repensar la institucionalidad agrícola en una dimensión más amplia del conocimiento con una tendencia a elevar los niveles de vida.
La sexta y última reflexión se dirige a las nuevas reglas y funciones de los organismos internacionales de cooperación y de promoción del desarrollo de la agricultura y el medio rural, que deben corresponderse con una institucionalidad agrícola renovada por parte del sector público y privado de los países. Estas instituciones deben actuar de manera convergente y concertada, con enfoques más prácticos y novedosos y deben orientar sus recursos y servicios para atender la demanda y actuar con cuerpos gerenciales y administrativos renovados y con las capacidades técnicas en los nuevos temas, que son centrales en las agendas de los líderes del desarrollo de la agricultura y el mejoramiento de la vida rural.
Se requieren pues, organizaciones menos burocráticas y más ágiles, con nuevos sistemas, métodos y procedimientos, con personal comprometido con nuevos valores y actitudes, con instancias de decisión más cercanas a quienes demandan sus servicios y sobre todo, comprometidos a apoyar a los Estados Miembros en sus procesos de transformación institucional pública y privada.
Para lograr ese propósito, los instrumentos de la institucionalidad, es decir las políticas para la agricultura y el medio rural, deben transformarse en políticas proactivas y creativas y, al mismo tiempo, constituirse en verdaderas "políticas de Estado", no sólo en el sentido temporal, sino en el hecho de ser orgánicamente consistentes, con las políticas macro-económicas y las de otros sectores, así como consensuadas y concertadas con el sector privado agrícola en el más amplio sentido del término.
Lo anterior implica la consideración de nuevos horizontes que implican la estructuración de una institucionalidad eficaz y participativa, a fin de integrar dinámica y sinérgicamente al sector público y al sector privado, que considere las alianzas estratégicas y tácticas, para ello requiere el desarrollo del sector, pero sobre todo, optimizando y potenciando los espacios que permitan al contexto regional e internacional instrumentar las nuevas reglas de juego implícitas y explícitas que lo rigen.
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